La cifra fue confirmada por el titular de la cámara del sector, Gustavo Weiss. Dijo que el nivel de actividad registrado en las principales provincias no compensa la "parálisis de los proyectos nacionales".
La cifra fue confirmada por el titular de la cámara del sector, Gustavo Weiss. Dijo que el nivel de actividad registrado en las principales provincias no compensa la "parálisis de los proyectos nacionales".
La industria de la construcción en el país atraviesa una "crisis profunda" que ya se cobró 120.000 puestos de trabajo directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Así lo confirmó Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, tras describir un panorama de estancamiento severo derivado de la "casi total ausencia de la inversión pública nacional".
Según el dirigente, aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como "tranquilo", debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa.
En declaraciones radiales, Weiss vinculó la problemática del empleo no sólo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial. "Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo", analizó el empresario, planteando el dilema entre el derecho del consumidor a precios bajos y la necesidad de sostener los puestos de trabajo locales.
En esa línea, advirtió que es "muy difícil competir" contra potencias como China, que operan con costos subsidiados y volúmenes inalcanzables para la industria nacional. "Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo", sentenció.
Finalmente, Weiss se refirió a la tensión entre el Gobierno y grandes grupos industriales, tras las críticas del presidente Javier Milei y otros funcionarios a empresas como Techint o Aluar. El dirigente marcó una distinción entre la eficiencia empresarial y las condiciones de competitividad, señalando que, “si bien las compañías ineficientes podrían no subsistir en un sistema de macroeconomía ordenada, es imperativo proteger a las que sí lo son”.
"Las compañías eficientes hay que defenderlas", afirmó, cuestionando la metodología de los ataques mediáticos y alertando que un proceso de apertura sin matices podría agravar las consecuencias sociales. "El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra", concluyó.
