Rio de Janeiro vivió el martes escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad y suscitó críticas de la ONU.
La defensoría pública del estado de Rio de Janeiro cifró este miércoles en 132 el número de muertos en la megaoperación policial de la víspera contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento.
"La última actualización es de 132 muertos", indicó en un email a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.
Por su parte, el gobernador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en una sesentena de muertos, pero avisó de que este "iba a cambiar" puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.
Unos 2.500 policías fuertemente armados entraron en dos zonas populares del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP.
El objetivo del "Operativo Contención" es combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Rio de Janeiro que opera en las favelas, territorios pobres y densamente poblados de la urbe brasileña. Un total de 81 personas fueron detenidas.
Ráfagas de disparos atemorizaron a la población de la zona y los comercios y escuelas permanecieron cerrados.
"Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", dijo por teléfono una persona que participa en proyectos sociales en el complejo de Penha y que pidió el anonimato.
Un fotógrafo de la AFP vio cómo agentes con armamento pesado custodiaban a unos veinte jóvenes apiñados y sentados en la acera, con la cabeza gacha, descalzos y sin camiseta, en la favela Vila Cruzeiro.
Otros detenidos avanzaban juntos con los brazos esposados detrás.
Al hospital Getulio Vargas, de la misma favela, llegaban vehículos con cuerpos de civiles y policías heridos y muertos, mientras los tiros no cesaban afuera, constató la AFP.
Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.
La operación causó disrupciones en la ciudad, con importantes vías completamente cerradas o bloqueadas.
Más de 50 autobuses fueron utilizados por supuestos criminales para armar barricadas, informó el sindicato del ramo en Rio.
Al menos 85 centros educativos suspendieron las clases.
En decenas de escuelas de la zona sur de Rio, donde se hallan los turísticos barrios de Copacabana e Ipanema, se pidió retirar más temprano a los alumnos para liberar a los profesores frente a la situación de alerta.
El servicio de metro estaba desbordado debido a que los habitantes trataban de llegar a sus casas.
Entrada la noche, la calma volvía al centro y otros barrios cercanos, mientras patrullas policiales recorrían calles semi desiertas.
Durante la operación, apoyada por dos helicópteros, las autoridades incautaron media tonelada de drogas y 100 fusiles.
Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo que la intervención de las fuerzas de seguridad abarcó un "área del tamaño de dos Copacabanas enteras".
En Brasilia, varios ministros del gobierno federal se reunieron para evaluar la situación. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aun viajaba de regreso a Brasil tras una gira por el sudeste asiático.
Acordaron que una comitiva se trasladará a Rio para una "reunión de emergencia" con Castro el miércoles.
En un mensaje en X, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se dijo "horrorizada" por la operación policial, y recordó a las autoridades brasileñas "sus obligaciones" bajo las leyes internacionales.
"Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 habitantes y policías es una enorme tragedia", afirmó de su lado César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, que pidió investigaciones para esclarecer las circunstancias de "cada muerte".
Una declaración de 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, afirmó que la operación "expone el fracaso" de las políticas estatales de seguridad y pone a la ciudad "en un estado de terror".
La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.
Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.
En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.
