Debate en Puerta. La Libertad Avanza convocará a sesión la próxima semana para tratar el Régimen Penal Juvenil. El proyecto fija el mínimo de punibilidad en 14 años.
La Libertad Avanza convocará a una sesión especial en la Cámara de Diputados el jueves de la semana próxima para avanzar con la aprobación del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad.
Un día antes, el miércoles, se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, donde se firmará el dictamen. El texto deberá iniciar nuevamente el trámite legislativo, ya que el despacho obtenido el año pasado perdió estado parlamentario.
El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante las negociaciones parlamentarias se alcanzó un consenso para fijarla en 14 años, postura que mantienen bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Además, la iniciativa reduce la pena máxima de 20 a 15 años de prisión efectiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Ese punto había permitido un acuerdo amplio en 2025, aunque finalmente el oficialismo no llevó el tema al recinto.
La decisión de avanzar se conoció tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a jefes de bloque de todas las fuerzas políticas, tanto oficialistas como opositoras.
Según trascendió luego del encuentro, el único agregado que tendrá el proyecto será un apartado presupuestario, en respuesta a los reclamos de las provincias por el costo que implica la implementación del nuevo régimen. La Nación habilitará convenios para cubrir esa diferencia.
Desde los bloques aliados descuentan que el oficialismo conseguirá los votos necesarios para aprobar la media sanción. "El año pasado lograron dictamen siendo minoría; ahora que son primera mayoría será más sencillo", señalaron.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que la privación de la libertad será el último recurso, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima, reparación del daño o monitoreo electrónico, especialmente en delitos de menor gravedad.
Además, el proyecto prevé la creación de institutos especializados para menores, con personal capacitado en infancia y adolescencia, acceso garantizado a educación, salud y tratamiento de adicciones, y la prohibición absoluta de convivencia con detenidos mayores. También incluye medidas educativas, psicológicas y sociales, bajo supervisión judicial especializada.
