VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGENTINA. Informe de la Mumalá expone que la argentina atraviesa una etapa política, económica y social de crueldad y abandono estatal.
El 2025 terminó con una cifra que debería sacudir conciencias y encender todas las alarmas sociales: en Argentina se registraron 266 femicidios, trans-travesticidios y femicidios vinculados, once más que en 2024. Los datos surgen del informe anual del Registro Nacional de Femicidios de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) y confirman una tendencia preocupante: no solo hay más asesinatos por odio de género, sino que también se agravan las condiciones en las que se producen.
Según el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, durante el último año una mujer o diversidad fue asesinada cada 33 horas. La tasa nacional se mantuvo en 1 femicidio cada 100.000 mujeres, estable desde hace cuatro años, pero esa estabilidad no es una buena noticia: revela la persistencia de una violencia estructural que el Estado no logra -o no quiere- desarticular.
El informe da cuenta, además, de 997 intentos de femicidio y de una consecuencia que suele quedar relegada en el debate público: 184 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre como resultado directo de estos crímenes. Detrás de cada número hay una vida truncada y una trama familiar y social devastada.
Las provincias con las tasas más altas de femicidios fueron Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco, lo que vuelve a poner en evidencia las profundas desigualdades territoriales en el acceso a políticas de prevención, protección y acompañamiento. A esto se suma otro dato alarmante: solo el 15 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, uno de los porcentajes más bajos desde 2015, que expone el miedo, la desconfianza y la falta de respuestas eficaces del sistema.
El 68 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, y en el 62 por ciento de los casos el crimen ocurrió en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor. El lugar que debería ser seguro continúa siendo, para muchas mujeres, el espacio de mayor riesgo.
Mumalá advierte que el contexto de ajuste económico, la misoginia institucional, los discursos de odio y los retrocesos deliberados en materia de derechos tienen consecuencias extremas. En 2025 se registró una expansión territorial de femicidios vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, el pasaje del odio virtual a la acción letal y un aumento de la crueldad, con torturas previas a los asesinatos.
"El único descenso que muestran los datos es el de la respuesta estatal", sostuvo Victoria Aguirre, vocera nacional de la organización, al señalar el impacto de la eliminación de políticas públicas y del negacionismo oficial frente a la violencia machista. Desde Mumalá insisten en que el Estado argentino incumple leyes y tratados internacionales con rango constitucional, dejando a mujeres y diversidades sin protección ni respuestas.
El informe no solo describe una realidad alarmante: interpela a la sociedad en su conjunto. Frente al incremento de los femicidios y a la naturalización de los discursos de odio, el silencio y la indiferencia también se vuelven cómplices. La demanda es clara y urgente: declarar la Emergencia Nacional en Violencia de Género y reconstruir políticas públicas que salven vidas antes de que los números sigan creciendo.
Es la cantidad de niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos de madre como resultado directo de estos crímenes.
