Gestión Patricia Bullrich. Un presunto esquema de corrupción orquestado en el Ministerio de Seguridad habría culminado en el lavado de activos a través de un entramado empresarial liderado por su propio hijo, Francisco Langieri Bullrich, según denuncia del diputado Rodolfo Tailhad
La acusación sostiene que fondos ilícitos, generados mediante compras directas fraudulentas durante la gestión de Patricia Bullrich para la cumbre del G20 de 2018, fueron blanqueados en un circuito que apunta directamente al círculo familiar más cercano de la entonces ministra.
La cumbre del G20 de 2018 fue la justificación perfecta para habilitar un millonario presupuesto destinado a equipamiento de seguridad. Sin embargo, según la investigación, este contexto fue aprovechado por funcionarios clave del Ministerio de Seguridad para ejecutar una serie de contrataciones directas que eludieron los controles estatales.
El 16 de febrero de 2018, un acta acuerdo firmada por la cúpula del ministerio dio luz verde a ocho compras que dejaron al descubierto un patrón de sobreprecios, entregas tardías y direccionamiento a empresas vinculadas.
Un patrón de irregularidades
El modus operandi en estas contrataciones deja al descubierto un patrón consistente de presunta corrupción, donde se favoreció a oferentes únicos y se aceptaron condiciones ruinosas para el Estado. Casos emblemáticos ilustran el esquema:
• Chalecos antibalas: la compra a la firma Antaj SRL fue autorizada por Alberto Forig. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó un sobreprecio de u$s 300.000. La operación eludió el procedimiento habitual de compra a Fabricaciones Militares y los chalecos llegaron dos meses y medio tarde, sin que se aplicaran sanciones.
• Ambulancias y furgones: se pagaron u$s 2.100.000 dólares por vehículos que llegaron más de seis meses después del evento, resultando inútiles para la cumbre. A pesar del flagrante incumplimiento, el Ministerio no aplicó ninguna multa a las empresas proveedoras.
• Nepotismo y direccionamiento: en una de las contrataciones, la firma Nukte Company Limited fue la única oferente. La investigación reveló que, al momento de la licitación, la hija de Carlos Becker Fioretti —uno de los directores que firmó el acta inicial— trabajaba para dicha empresa. En otra compra, la SIGEN denunció un sobreprecio de más del 315%.
Funcionarios implicados
El acta que dio origen a estas operaciones fue firmada por altos funcionarios. En 2022, la Oficina Anticorrupción denunció formalmente a Patricia Bullrich, al secretario Alberto Forig, al subsecretario Martín Siracusa y al director Carlos Becker Fioretti, entre otros, por delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pero estas contrataciones fraudulentas, según la investigación, no eran un fin en sí mismas. Eran el mecanismo para generar el capital ilícito que luego sería blanqueado, y la pista del dinero conduce directamente al círculo familiar de la ministra.
Los negocios de Francisco Langieri Bullrich
La segunda fase del esquema, según la denuncia, se aleja de los despachos ministeriales y se adentra en el mundo de los negocios familiares, donde el crecimiento inexplicable de las empresas del hijo de la ministra se convierte en la pieza central del presunto lavado de activos. La hipótesis central de la denuncia establece una conexión directa entre los fondos generados por la corrupción y el crecimiento exponencial de los negocios de Francisco Langieri Bullrich.
Expansión del "Tostado Café Club"
El crecimiento meteórico de la cadena de cafeterías "Tostado Café Club" es uno de los pilares de la acusación. En 2016, mientras se desempeñaba como funcionario en el Ministerio de Modernización, Francisco Langieri Bullrich adquirió el 95% de Tostado Buenos Aires SRL, que en ese momento era un único bar.
Un año después, la empresa ya contaba con seis locales; hoy, supera los 50 establecimientos en tres continentes. La denuncia de Tailhade plantea una pregunta central: ¿cómo un único bar se transformó en una cadena internacional en tan poco tiempo? Se cuestiona el origen de los fondos que permitieron financiar una expansión de tal magnitud.
Fondos injustificados y sociedades sospechosas
La investigación también señala inconsistencias financieras y conexiones empresariales que refuerzan las sospechas de lavado.
• Declaración jurada: un dato clave surge de la declaración jurada que presentó Langieri Bullrich en 2018. En ella, incorporó u$s 171.500 bajo el concepto de "venta de activos". Sin embargo, en el mismo documento no figura la venta de ningún bien que justifique dicho ingreso de capital.
• Vínculo con el Ministerio: se expone una conexión directa con Juan Ignacio Onel, exdirector de Compras y Contrataciones del Ministerio de Seguridad. Tras dejar su cargo, Onel se convirtió en socio gerente de Beta Connect, una empresa cuyo propietario real, según la denuncia, es el hijo de la ministra.
La cronología es clave: apenas un mes después de que los funcionarios de Bullrich firmaran el acta que habilitaba las compras millonarias, su hijo constituía la sociedad que, según la denuncia, serviría para canalizar los beneficios de dichas operaciones. La creación de Beta Connect en marzo de 2018 no parece una coincidencia, sino un movimiento calculado. La sociedad fue constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), un tipo de estructura societaria señalada como un vehículo recurrente para el blanqueo de capitales.
Estas evidencias, según sostiene Tailhade, conforman la base material para una investigación formal por lavado de activos.
Círculo de impunidad
La denuncia presentada por Rodolfo Tailhade describe un presunto esquema de corrupción de dos fases. En la primera, funcionarios públicos habrían generado fondos ilícitos a través de contrataciones fraudulentas en el Ministerio de Seguridad. En la segunda, ese dinero habría sido blanqueado a través de un entramado empresarial encabezado por el hijo de la ministra, dándole una apariencia de legalidad a través de negocios de rápida expansión.
Tailhade anunció que presentará esta información en la causa judicial 3578/24, que ya investiga a Patricia Bullrich por lavado de activos. Pese a la gravedad de las acusaciones sobre las compras del G20, los funcionarios implicados no solo evitaron consecuencias legales, sino que cinco volvieron a la función pública en la gestión actual, consolidando un círculo de impunidad.
