El daño que provoca el ajuste Los jubilados consumen alimentos, medicamentos, servicios básicos. Aportan al mercado interno, sostienen familias ampliadas, pagan impuestos. Cada peso que se les niega es un peso que se retrae del consumo y por tanto, del circuito productivo.
Por más argumentos que se expresen hay decisiones que son políticas en el sentido más profundo del término, decisiones que delinean el país que queremos construir. El reciente veto a la ley sancionada por el Congreso, que disponía una recomposición de haberes para los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional, es una de ellas. Estamos ante una decisión que afecta la vida concreta de miles de personas. Porque detrás de cada número hay un rostro, una historia, una mesa que se achica, una medicación que no se compra, un derecho que se posterga.
¿Cuánto perderán los jubilados por el veto presidencial?
Con la fórmula que propuso el Congreso, la jubilación mínima para julio hubiera sido de aproximadamente $441.600 (combinando el haber actualizado más el bono de $110.000). Sin embargo, con el veto del Ejecutivo, el haber quedó congelado en $384.305, contando el bono de apenas $70.000 que el Gobierno decidió mantener. La pérdida concreta es de $57.260, lo que representa una caída del 13% al 15% del ingreso mensual, dependiendo del caso.
En lo que va del año, los jubilados han perdido contra la inflación al menos 20 puntos porcentuales, en términos reales. Cada mes sin recomposición agrava el deterioro del poder adquisitivo y cada mes que se posterga la aplicación de una fórmula más justa, se profundiza una injusticia que, como pocas, se da sobre un grupo poblacional que no puede esperar.
Los jubilados no especulan en dólares. Los jubilados consumen alimentos, medicamentos, servicios básicos. Aportan al mercado interno, sostienen familias ampliadas, pagan impuestos. Desde la perspectiva económica, cada peso que se les niega es un peso que se retrae del consumo y por tanto del circuito productivo.
La seguridad social no es un subsidio, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Cuando el Estado no cumple con su obligación de garantizar haberes dignos y móviles, no solo vulnera derechos individuales sino que debilita el pacto social.
Además, los recortes a las jubilaciones no son neutros. Afectan de manera diferenciada a quienes menos tienen. Hoy, más del 65% de los jubilados cobra la mínima, y para muchos de ellos ese ingreso es el único sostén económico. En los hechos, el veto presidencial implica que millones de personas seguirán viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza, aún después de haber trabajado toda una vida.
El argumento del equilibrio fiscal, aunque legítimo en términos generales, no puede convertirse en una excusa para desentenderse de las obligaciones constitucionales.
En paralelo al aumento vetado, la ley también proponía la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo. Esa herramienta permitía regularizar aportes adeudados para acceder a una jubilación ordinaria, especialmente para mujeres que, por razones estructurales, históricas y de género, no habían podido completar los 30 años de aportes requeridos.
Por otro lado, el rechazo a la prórroga implica que unas 220.000 personas que estaban en condiciones de jubilarse este año no podrán hacerlo. La única alternativa que les queda es esperar a cumplir 65 años y acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la mínima y no reconoce años de aporte ni derecho a pensión por viudez.
Desde el punto de vista técnico, la moratoria permite el acceso a derechos previsionales, quien se jubila con moratoria paga cuotas mensuales durante años. Pero más allá de los números, es una política de reparación. Porque no todos han tenido las mismas oportunidades de empleo formal, y nadie elige no aportar. Lo que sí ha ocurrido es que muchos sectores han sido sistemáticamente excluidos del mercado formal.
Negar la prórroga de la moratoria es también cerrar la puerta a un envejecimiento digno. Es decirle a miles de personas especialmente mujeres que no tienen lugar en el sistema, que no califican, que no merecen ser reconocidas como sujetos de derecho. Es reducir la vejez a una espera pasiva y precaria, en lugar de integrarla como una etapa activa y con derechos.
El acceso a una jubilación tiene implicancias directas en la planificación personal y familiar: estabiliza ingresos, permite proyectar, facilita el acceso a créditos, habilita la cobertura de salud, y protege a los cónyuges o convivientes mediante la pensión por fallecimiento. Cuando se deniega ese acceso, se deja a las personas mayores en situación de mayor dependencia económica, expuestas a decisiones arbitrarias y sin herramientas para sostener su autonomía.
Desde el punto de vista macroeconómico, reducir el ingreso real de los jubilados y evitar el ingreso de nuevos beneficiarios previsionales implica también retraer el consumo. Los jubilados destinan casi todo su ingreso al consumo inmediato: alimentos, medicamentos, servicios, vestimenta. Por eso, cualquier mejora en sus ingresos tiene un efecto multiplicador directo sobre la economía real.
La suspensión de la moratoria y el ajuste a los haberes implica, en la práctica, restringir la capacidad de consumo de millones de personas, con impacto directo en la demanda interna. En un contexto de recesión, con caída de ventas en comercio minorista y retracción del empleo, esta medida no solo es injusta: es económicamente contraproducente.
En términos de sostenibilidad, resulta mucho más costoso atender a personas mayores en condiciones de pobreza, sin ingresos, sin cobertura de salud y sin redes de contención que garantizarles un haber previsional mínimo.
Más allá del número exacto que dejó de cobrarse o del porcentaje de PBI que se ahorra, el veto presidencial envía un mensaje preocupante: el de una sociedad que se desentiende de sus mayores. Una sociedad que olvida que lo que hoy se niega será mañana una deuda mayor. Y que los derechos que no se garantizan a tiempo pierden vigencia.
Desde lo jurídico, lo político y lo humano, el sistema previsional debe pensarse como un pilar de la justicia social. Y como toda política pública con implicancias patrimoniales, también debe planificarse con mirada estratégica. No se trata de regalar beneficios, sino de garantizar derechos. No se trata de premiar o castigar trayectorias laborales, sino de reconocer trayectorias de vida.
Ajustar a los jubilados es una decisión política que tiene consecuencias humanas, sociales y económicas. El veto presidencial a la recomposición salarial y a la prórroga de la moratoria previsional no solo implica una pérdida de ingresos concreta para miles de personas. Es también un retroceso en la construcción de un sistema previsional justo, inclusivo y solidario.
En definitiva, no se trata solo de cifras. Se trata de dignidad. Y la dignidad no puede ser vetada.
(*) Abogada - Egresada de la UNNE. Especialista en derecho previsional. Planificación patrimonial y sucesoria
