La Corte citó a audiencia por el reclamo de Corrientes a la Nación por las regalías de Yacyretá y Sa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia para mañana lunes a las 11 en el marco de la demanda iniciada por la Provincia de Corrientes contra el Estado nacional por el valor que percibe en concepto de regalías en especie por la energía generada en las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande.

La reunión se realizará en la sede del máximo tribunal, en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios, luego de que la Corte confirmara que el caso corresponde a su competencia originaria. La causa se tramita por la vía del proceso ordinario y el tribunal ya dispuso correr traslado de la demanda al Estado nacional por el plazo de 60 días.

El planteo judicial fue impulsado por el Gobierno provincial con el objetivo de que la Nación cumpla con lo previsto en la legislación vigente respecto del valor que deben tener las regalías hidroeléctricas que reciben las provincias donde se genera energía. Corrientes sostiene que actualmente percibe un monto inferior al que debería corresponderle.

En su presentación, la provincia solicitó que el pago de esas regalías se calcule tomando como referencia el precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista, mecanismo que -según argumenta- permitiría reconocer un valor más acorde con el costo real de la energía producida en las centrales.

De manera alternativa, el planteo pide que se otorgue a Corrientes el mismo precio que reciben otras jurisdicciones por idéntico concepto, como las provincias de Neuquén o Entre Ríos. En caso de que tampoco se adopte ese criterio, solicita que el valor de la energía se determine a partir del promedio de los precios que utiliza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para la venta de electricidad a las distribuidoras provinciales.

Además del reconocimiento de un nuevo esquema de cálculo, la demanda incluye un reclamo por diferencias retroactivas. Corrientes pretende que se le reintegre el monto que surge de la brecha entre lo que percibe actualmente y lo que debería haber recibido desde el 1 de abril de 2021, con los intereses correspondientes hasta su cancelación.

Dentro de la presentación judicial también se cuestionan normas dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación que fijaron límites para compensar las regalías en especie con deudas de las distribuidoras eléctricas provinciales. Según el planteo, esas disposiciones establecieron topes del 20% y luego del 30%, lo que -para el gobierno correntino- afecta el derecho de la provincia a percibir plenamente esos recursos.

En ese contexto, Corrientes planteó la inconstitucionalidad de esas resoluciones al considerar que vulneran el principio de igualdad entre provincias y el derecho de propiedad sobre los recursos energéticos, además de contradecir lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional.

En la misma resolución, la Corte rechazó el pedido de medida cautelar que había presentado la provincia para que, mientras se resuelve el fondo del litigio, se le pague el mismo valor de regalías que perciben Neuquén y Entre Ríos. El tribunal consideró que, en esta etapa preliminar, no se verifican los requisitos necesarios para adoptar una decisión que modifique la situación vigente antes de dictar sentencia definitiva.

El fallo también dispuso citar a Cammesa como tercero en el proceso, en su carácter de administradora del mercado eléctrico mayorista y encargada de ejecutar los pagos vinculados a las regalías energéticas.

OTROS PLANTEOS

El fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, explicó que este expediente forma parte de una serie de reclamos que la provincia mantiene ante el máximo tribunal. Según detalló, actualmente existen tres demandas contra la Nación: la vinculada a las regalías hidroeléctricas, otra por compensaciones del sistema previsional provincial y una tercera relacionada con la recomposición del pacto fiscal.

Ortega indicó que el gobierno provincial continúa insistiendo para que esos procesos registren avances en la Corte, ya sea mediante audiencias de conciliación o resoluciones judiciales que permitan destrabar los conflictos planteados entre la provincia y el Estado nacional.