El oficialismo en Diputados acelera el tratamiento para las leyes de Lobby y super-RIGI

El plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislacion General, presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, volverá a reunirce este miercoles por el proyecto de ley de Lobby. Foto Cámara de Diputados

Este miércoles, la Cámara de Diputados retomará los tratamientos de los proyectos que interesan a la Casa Rosada, el nuevo super-RIGI y la novedosa ley de Lobby. Dos iniciativas que La Libertad Avanza planifica dictaminar y llevar al recinto en una sesión prevista para el cierre de este mes, posiblemente el 24 de junio.

Los proyectos ya tuvieron sus primeros plenarios la semana pasada, allí quedó claro que hay propuestas alternativas desde los diferentes sectores políticos. Martín Menem, jefe de los Diputados, ya tuvo una reunión con los legisladores dialoguistas y programa una sesión con un amplio temario que incluya, de ser posible estas dos propuestas.

“Comenzó junio y la actividad será muy intensa”, dijo la diputada libertaria Silvana Giudici, quien nombró los proyectos que están en plena discusión en ambas cámaras legislativas. “El super-RIGI apunta a atraer inversiones en el sector tecnológico se complementa con el Régimen del RIGI que ya lleva exportado más de 10.000 millones de dólares”, aclaró Giudici. 

Ley de Lobby

En el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, destacó que desde el año 2003 a la fecha se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, “abarcando prácticamente todo el arco político”.

Este miércoles habrá otra reunión informativa con representantes de ONG’s, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias.

La iniciativa del Poder Ejecutivo sostiene que el Lobby es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.

Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.

El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La oposición cuestioní la ley de Lobby del oficialismo y presentó proyectos propios

En relación a la propuesta sobre ley de Lobby, el diputado del peronismo Sebastián Galmarini cuestionó: “Es más humo que otra cosa, tenemos una contraoferta con la propuesta de una regulación integral, que incluya a los tres poderes del estado y a la autoridad de aplicación autónoma, que esté en manos de la oposición”.

El proyecto de Unión por la Patria (UxP) propone la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, un marco integral que alcanzará a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, buscando reemplazar la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas. El proyecto establece que el nuevo sistema estará integrado por instituciones, procedimientos y herramientas destinadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el Sector Público Nacional.

Crea, además, el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses, orientado a prevenir conflictos de intereses y aumentar la transparencia de la función pública, debiendo incluir información patrimonial detallada, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades. Con acceso público mediante plataformas digitales y formatos abiertos.

También, entre otros puntos, imponiendo limitaciones a quienes abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado.Otro proyecto presentado fue el de Miguel Pichetto: “En la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, especialmente los vinculados con el Estado”.

El diputado de Encuentro Federal expresó: ”La figura del lobista o cabildero al estilo americano tiene que tener transparencia, tiene que estar individualizada y, fundamentalmente, tiene que saberse qué intereses representa”.

Además, explicó cuál es la principal crítica al proyecto oficial: “El Poder Ejecutivo no lo define como lobby. Usa un mensaje medio ambiguo en el título de la ley: ‘Transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, invitaron, además, a los exdiputados que presentaron iniciativas, ya que no es un debate nuevo que llega al Congreso. Entre los participantes estuvo Oscar Agost Carreño.

“La gestión de intereses existe siempre en la política. No hay que prohibirlo ni demonizarlo. Acá constantemente hablamos de lobby: fue una palabra que utilizamos mucho en el caso Libra, con los octógonos, con el tema del tabaco, con energía, minería y también en la Ley Bases, donde había muchos intereses cruzados”, dijo el exlegislador por Córdoba.

Mientras que Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), le dijo a TN: “Es importante que el Gobierno asuma la agenda de fortalecimiento institucional porque no hay un plan económico que pueda funcionar si no hay instituciones fuertes, dicho por los propios economistas del mundo. En el ecosistema de leyes institucionales, como la Ley de Acceso a la Información Pública, es importante debatir una ley que regule la actividad del lobby que hoy existe”.

Super-RIGI

Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, lideradas por Bertie Benegas Lynch, jefe del plenario, quien ya citó para este miércoles a las 11 a un nuevo encuentro informativo con invitados.

La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversion llega a US$1000 millones.

Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca promover el desarrollo económico; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales y fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.