El Gobierno busca combinar Inocencia Fiscal con cambios en el mercado de capitales para mover dólare

El Gobierno busca combinar Inocencia Fiscal con cambios en el mercado de capitales para mover dólares del colchón (Foto: X / @JMilei).

El Gobierno busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con modificaciones al mercado de capitales para mover los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa ingresará este jueves a la Cámara de Diputados y que incluirá herramientas para reforzar el ingreso de fondos al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones.

 
La Casa Rosada quiere que el proyecto funcione como una segunda etapa del régimen. La primera versión generó tensiones desde el arranque por las dudas de contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del “tapón fiscal”, la seguridad jurídica y los riesgos de quedar expuestos a fiscalizaciones de ARCA sobre períodos anteriores.

En Balcarce 50 reconocen que la ley original no produjo el resultado esperado. “Es una ley que fracasó y que arrancó mal de origen porque no consultaron a los que ponen el gancho por la gente”, agregan en el oficialismo, en referencia a los profesionales que asesoran a contribuyentes antes de adherir al régimen.

El Ministerio de Economía busca ahora reforzar la propuesta con garantías más claras para quienes entren al esquema. La idea es fortalecer la protección para que el fisco no pueda investigar períodos previos, salvo casos de discrepancias significativas o situaciones ya iniciadas antes de la adhesión. En términos técnicos, el oficialismo apunta a reducir el margen de discrecionalidad de ARCA y a trasladar al organismo la carga de probar inconsistencias relevantes.

La versión renovada también busca ampliar el universo de contribuyentes. Entre los cambios que se venían analizando aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio, junto con ajustes al concepto de “discrepancia significativa”, instancias de rectificación y efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF para quienes adhieran al régimen.

El Gobierno quiere conectar esa ingeniería fiscal con el mercado de capitales. En Nación aseguran que buscarán incorporar al proyecto parte de la operatoria que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya reglamentó para Inocencia Fiscal, con el objetivo de blindar por ley el uso de fondos regularizados en ALyC, agentes vinculados a fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.

El antecedente directo es la Resolución General 1108 de la CNV. Esa norma adecuó la regulación del mercado de capitales a la Ley 27.799 y a su decreto reglamentario para que quienes hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con proveedores de servicios de activos virtuales.

La norma reglamentó la actuación de los sujetos que pueden intervenir en el origen o en el destino de la operación: ALyC, agentes intervinientes en la colocación de fondos comunes de inversión y PSAV. También dejó asentado que la Argentina mantiene compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia del sistema financiero.

Ahora, el Ejecutivo quiere usar esa base para reforzar el puente entre el régimen fiscal y los instrumentos de inversión. La idea es que el contribuyente que adhiera a Inocencia Fiscal no solo tenga un “tapón” frente a ARCA, sino también un canal regulado para canalizar esos dólares hacia activos financieros, fondos, fideicomisos, obligaciones negociables u otros vehículos del mercado.

En Balcarce 50 traducen esa agenda en una fórmula interna: “armar una banca paralela en dólares”. No se refieren a un banco fuera de regulación ni a un sistema financiero clandestino, sino a un circuito de intermediación no bancaria, bajo reglas de la CNV, para que los dólares regularizados no queden inmóviles en una cuenta y puedan generar rendimiento.

El punto que buscan reforzar por ley es la seguridad jurídica del canal. En el Gobierno quieren que quien ingrese al régimen pueda llevar fondos a una ALyC o a un instrumento del mercado de capitales sin que esa operatoria sea utilizada automáticamente por el fisco para revisar períodos previos. La protección, aclaran, sería fiscal y no implicaría eliminar los controles antilavado.

En algunas ALyC, sin embargo, miran el esquema con cautela. Sostienen que una garantía fiscal no elimina las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni los controles que surgen de la normativa local y de los estándares internacionales. “El tapón fiscal puede servir frente a ARCA, pero no reemplaza el análisis de cumplimiento que tiene que hacer cada agente”, resumen en el sector privado.

Esa es una de las tensiones centrales del proyecto. El Gobierno busca que la adhesión a Inocencia Fiscal funcione como antecedente favorable frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF, pero en el mercado advierten que eso no puede convertirse en una dispensa automática. Las ALyC seguirán obligadas a evaluar el perfil del cliente, la trazabilidad de los fondos y eventuales alertas antilavado antes de aceptar operaciones.

La Casa Rosada busca así complementar el rol de los bancos con el de los agentes del mercado. En el equipo económico sostienen que las ALyC pueden funcionar como canal para captar ahorro en dólares y transformarlo en inversión, siempre bajo regulación de la CNV, controles de la UIF y reglas de cumplimiento antilavado.

A ese esquema se suma el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger, con cambios sobre prendas, warrants y garantías financieras. La iniciativa prevé digitalizar garantías, habilitar activos virtuales como respaldo de obligaciones, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal unificado para consultar garantías constituidas en el país.

En el oficialismo sostienen que esa agenda puede encajar con Inocencia Fiscal y mercado de capitales. La lógica es sumar vías para que los dólares regularizados tengan destino productivo o financiero: garantías digitales, instrumentos emitidos con menor burocracia, fondos de inversión y operaciones a través de agentes registrados.

El Ejecutivo quiere evitar que el régimen quede asociado únicamente a una regularización tributaria. La apuesta de Caputo es presentarlo como una herramienta para formalizar ahorro, aumentar la profundidad del sistema financiero, impulsar inversiones y darle más liquidez al mercado local en dólares.

La Casa Rosada sabe que el punto sensible será la seguridad jurídica. Por eso, los cambios buscarán explicitar que la adhesión al régimen no funcione como prueba en contra del contribuyente y que ARCA no pueda reabrir períodos anteriores sin demostrar una inconsistencia relevante. Ese blindaje apunta al frente fiscal, pero no anula los controles antilavado que deberán aplicar bancos, ALyC, escribanos y demás sujetos obligados.